Miguel Fernández Martínez*
Más de una década le tomó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar por primera vez al gobierno de Estados Unidos a favor del argelino Djamel Ameziane, uno de los prisioneros de la Base Naval norteamericana de Guantánamo.
Tanto tiempo después, la CIDH , de cuestionable credibilidad y con un largo historial de injerencia en asuntos internos de Latinoamérica, junto al Centro de Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) decidieron solicitar a la Casa Blanca poner fin al injusto cautiverio de Ameziane.
Encerrado por más de 10 años, sin cargos y sin derecho a un juicio justo, se interpuso un recurso de habeas corpus ante la flagrante violación de sus más elementales derechos humanos.
Tanto la CIDH como el CEJIL, con oficinas en Washington y vinculadas estrechamente a la controvertida Organización de Estados Americanos (OEA), unieron sus fuerzas con el CCR, una organización con sede en New York y fundada en 1966 por abogados que representaban a los movimientos de derechos civiles, para sacar a la luz el caso del injusto encierro de Ameziane.
Según el dictamen emitido en los últimos días de marzo, la Comisión ejercerá su jurisdicción sobre el caso de este hombre confinado en Guantánamo, y resaltó que no hay ningún recurso interno efectivo para las víctimas de detenciones injustas y otros abusos en la base.
Revisará minuciosamente además, el fracaso del gobierno de Estados Unidos por no transferir a Ameziane, ni a ningún otro detenido en Guantánamo durante este último año.
La denuncia reconoce que es el periodo de tiempo más largo sin una transferencia desde que la ilegal prisión se abrió en enero de 2002, lo que constituye una violación del Derecho Internacional.
Los demandantes reiteraron además la necesidad de revisar las medidas relacionadas con la aplicación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, firmada por Barack Obama el 31 de diciembre de 2011, que autoriza la detención indefinida de los arrestados y restringe su transferencia desde Guantánamo.
El argelino Ameziane es un refugiado que abandonó su país a comienzos de los años noventas, huyendo de la guerra civil. Vivió en Austria y Canadá, trabajando como chef de cocina, hasta que se le negó el refugio permanente.
Temiendo ser deportado a Argelia, se trasladó a Afganistán, poco antes de la invasión de Estados Unidos, en octubre de 2001.
Como otros miles de refugiados, escapó a Pakistán para huir de la guerra, pero fue detenido y vendido a las fuerzas estadounidenses a cambio de una recompensa, y trasladado al territorio ocupado arbitrariamente por Estados Unidos en Cuba.
Ahora, teme ser devuelto a su país de origen, ante la posibilidad de ser perseguido debido a su etnia bereber y su condición de detenido de Guantánamo. La administración de Obama repatrió forzosamente a dos argelinos y no quiere correr la misma suerte.
Ameziane tiene la esperanza de que otro país lo reciba, quizás donde pueda usar sus conocimientos de francés, inglés o alemán, siempre que sea un lugar seguro. Pero mientras, seguirá pendiente a una decisión de la Casa Blanca para recuperar su libertad.
Refiriéndose al caso del argelino, el abogado principal del CCR, J. Wells Dixon, declaró que “las detenciones indefinidas en Guantánamo no terminarán a menos que la comunidad internacional ofrezca hogares seguros a los hombres que no pueden retornar a sus países de origen por temor a ser torturados o perseguidos.”
El caso de Djamel Ameziane quizás ayude a conocer más a fondo la realidad oculta tras las alambradas de la base naval estadounidense.
La decisión del entonces presidente George W. Bush, propició el hacinamiento en sus barracas de más de 800 prisioneros procedentes de 42 países, bajo la acusación de pertenecer a la organización terrorista Al Qaeda y a los grupos extremistas talibanes.
Aún se mantiene un limbo jurídico sobre la suerte de 171 presos, a quienes se les priva de toda opción legal para defender sus derechos, violados impunemente por Estados Unidos.
Como una mancha imborrable para su carrera política, quedará la promesa incumplida por el presidente Obama, de cerrar la prisión militar de Guantánamo, con lo que sedujo a millones de votantes en 2008.
Las instalaciones carcelarias en la zona ocupada de Guantánamo están consideradas como las más costosas del mundo, retumbando en el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses a razón de unos 800 mil dólares anuales por cada cautivo.
Según datos publicados por el diario The Bellingham Herald, esta cantidad de dinero constituye 30 veces el costo de mantener a un reo en las prisiones federales.
Muchas voces han clamado durante estos 10 años porque se ponga fin al infierno de Guantánamo, después de que innumerables denuncias corroboraron que en sus instalaciones se tortura a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario. Las evidencias acumuladas contra los procedimientos empleados por los carceleros norteamericanos son impresionantes.
Informes de la Cruz Roja Internacional y documentos filtrados del Buró Federal de Investigaciones, reconocieron el uso de torturas basadas en tácticas de coerción física y psicológica.
También se conocen casos de presos obligados a vivir en régimen de incomunicación bajo custodia secreta durante varios años.
Se han denunciado alimentaciones forzosas a prisioneros en huelga de hambre e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido, vejaciones y dolor humano para conseguir una confesión.
Se reclama que la CIDH , además de contribuir a liberar a esos hombres privados de sus derechos, consiga alguna vez sentar a Estados Unidos en el banquillo de los acusados, mientras que el mundo y la justicia continúan esperando.
* Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
Tomado del sitio digital de Prensa Latina. Blog del autor
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