Perseguir el terrorismo, promover la democracia, proteger a los pueblos…: a Estados Unidos no le falta imaginación a la hora de justificar sus intervenciones militares y sus injerencias en el extranjero, desplegando un nuevo argumentario en cuanto el anterior ha caído en descrédito. Desde hace unos años, Washington ha privilegiado un nuevo registro, el de la justicia social, reciclando luchas sociales en boga en Occidente para legitimar sus intervenciones. Así, los dignatarios del Pentágono y del Departamento de Estado, las cabezas pensantes de los think tanks influyentes, pero también los representantes de las ONG y los editorialistas de los grandes medios de comunicación –en resumen, todos aquellos que tienen algo que decir en materia de política exterior– hablan ahora de luchar contra la opresión de las mujeres, de defender a las minorías étnicas, de los derechos de las personas LGBTi… Al hacerse eco de los temas que mueven a los jóvenes licenciados y a ciertos círculos activistas radicales, desarrollan un nuevo objetivo estratégico, que podrán utilizar para justificar toda clase de injerencias: el “moldeado cultural” (culture forming), basado en las normas y costumbres occidentales.
A primera vista, puede parecer sorprendente que temas en boga en los círculos activistas progresistas –en círculos woke (literalmente ‘despiertos’), según la expresión habitual en los medios de comunicación– alienten y sostengan políticas intervencionistas y expansionistas, en muchos casos fuertemente armadas. Sin embargo, esta tendencia no debería sorprender. Hace mucho tiempo que Estados Unidos recurre al registro moral para enmascarar sus objetivos imperialistas. Desde el siglo XVII, el puritanismo anglosajón, con su idealismo moralista, ha concebido la historia de la humanidad en base a relatos universalistas. En su versión secularizada, dicho puritanismo se encarnó en Thomas Jefferson, el tercer presidente estadounidense (1801-1809), quien concebía Estados Unidos como un “imperio de la libertad”, que guiaba con su ejemplo a las demás naciones del mundo, sumidas en la ignorancia (1). Un siglo después, el presidente Woodrow Wilson (1913-1921) vio en la Primera Guerra Mundial, una vez su país entró en el conflicto, una oportunidad para difundir los valores políticos estadounidenses y establecer un marco de entendimiento universal en las relaciones internacionales (2). Ese intento de remodelar el orden internacional desembocó en la creación de la Sociedad de Naciones, en la que finalmente Estados Unidos no participó debido a la intransigencia del Senado, republicano y aislacionista, y la feroz resistencia del presidente Warren Harding (1921-1923).
En los albores del siglo XXI, la moral seguía guiando el intervencionismo estadounidense. Apenas unos meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la Administración de George W. Bush ampliaba el alcance de su misión: ya no se trataba solo de perseguir a Al-Qaeda y sus cómplices, sino de iniciar una “guerra contra el terror”. Este proyecto utópico pretendía pacificar varios puntos calientes del planeta a través de operaciones de “cambio de régimen” (regime change) y de “construcción nacional” (nation building). Inaugurado en Afganistán, se extendió a Irak y luego al conjunto de Oriente Medio. Estas expediciones armadas a menudo se justificaban explícitamente por la necesidad de promover la democracia. También presentaban, como ya había sido el caso bajo otras administraciones, una dimensión religiosa que influía en la definición de prioridades. Por ejemplo, la ayuda al desarrollo y la educación proporcionada a los países africanos en el marco de la prevención del sida estuvo durante mucho tiempo condicionada a la defensa del mero principio de abstinencia, un valor apreciado por la derecha cristiana estadounidense. En conjunto, semejantes programas se demostraron ineficaces, incluso contraproducentes.
En enero de 2009, la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca puso fin al evangelismo de la era Bush y marcó el advenimiento de una perspectiva que se pretendía realista. Unos meses antes, mediante su voto, los estadounidenses habían rechazado la visión mesiánica de Bush representada por el candidato republicano neoconservador John McCain y decretado que los cambios de régimen no eran la respuesta adecuada a las amenazas del siglo XXI. Sin embargo, en lugar de abandonar las estrategias idealistas del pasado, la nueva Administración se contentó con redefinir su lógica. A raíz de la Primavera Árabe de 2011, Estados Unidos y sus aliados lanzaron operaciones militares en Libia y Siria aduciendo motivos humanitarios. Esta cobertura ideológica emanaba de la “responsabilidad de proteger” (responsibility to protect o R2P), un concepto acuñado por Samantha Power, cuya presencia en la Administración de Obama marcó el fin del realismo prometido por el presidente y el paso a un enfoque más clásico de la política exterior estadounidense.
La distorsión de las causas progresistas
En Libia, las consecuencias de la intervención militar fueron desastrosas. Privado de poder central, desgarrado por una guerra civil entre facciones rivales, lastrado por problemas que antes no existían, como el terrorismo o mercados de esclavos que operan en pleno día, el país es hoy el arquetipo del Estado fallido. En Siria, donde las operaciones se llevaron a cabo por delegación y no a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), grupos yihadistas lograron acaparar gran parte de la ayuda militar inicialmente destinada a las fuerzas opositoras consideradas “democráticas”. Una vez más, una serie de intervenciones militares extranjeras desembocaron en un Estado fallido.
Finalmente, la R2P perpetuó y exacerbó los problemas que se suponía debía resolver, alimentando una violencia sistémica (3). Sobre todo, al precipitar la quiebra de los Estados creó y agravó las condiciones que hacen necesarias nuevas intervenciones humanitarias. De ese modo, estas se convierten en una especie de casus belli perpetuo, desencadenando un círculo vicioso de crisis.
Hoy, mientras se acelera la fusión entre las élites culturales y diplomáticas, la definición de una ideología adecuada para justificar la expansión imperialista es un elemento clave de la competencia interna entre las clases intelectuales. Su objetivo es conciliar sus intereses hegemónicos con su sentimiento de superioridad moral, es decir, hacer alarde de virtud y de sensibilidad hacia las penurias soportadas por las poblaciones marginadas de los Estados que hay que rescatar, y al mismo tiempo engrasar los engranajes de la máquina de guerra.
Esta confluencia en la escena diplomática de justicia social y neoconservadurismo, de defensores de los derechos humanos y partidarios del intervencionismo militar de la OTAN, resultó patente en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, cuando muchos neoconservadores tradicionales comenzaron a darse cuenta de que la demócrata Hillary Clinton probablemente era la candidata más capaz de cumplir sus objetivos, frente a un Donald Trump que propugnaba una especie de aislacionismo. Tras la inesperada victoria del multimillonario neoyorkino, esos diversos acercamientos cristalizaron en una coalición que abarcaba a los dos partidos; ahora, nuevos think tanks reúnen a exanalistas republicanos y prominentes figuras demócratas (4).
En gran medida, los medios de comunicación estadounidenses secundaron esa realineación política. De ese modo, en diciembre de 2018 el editorialista neoconservador Bill Kristol, gran propagandista de la guerra de Irak durante la era Bush, pudo recibir los elogios de la cadena MSNBC (favorable a los demócratas), que lo calificó de “woke Bill Kristol” (5). Periodistas y activistas recurren ahora al léxico de la justicia social para combatir a naciones presentadas como rivales y apuntalar la hostilidad pública hacia ellas. El North American Congress in Latin America –una organización de orientación izquierdista, pero por lo general favorable a Estados Unidos– interpretó, por ejemplo, que las protestas que sacudieron Cuba en el verano de 2021 estaban motivadas principalmente por la excesiva tolerancia del Gobierno cubano hacia el racismo (6).
El caso boliviano es aún más llamativo. Los medios occidentales a menudo se refirieron en términos elogiosos al Gobierno de extrema derecha que se formó en La Paz en noviembre de 2019 tras un golpe de Estado y con el apoyo de Estados Unidos, y describieron a su líder, Jeanine Áñez, como una “activista por la causa de las mujeres” (7). Antes de ser derrotado en las urnas casi un año después, el Gobierno de Áñez tuvo tiempo de tomar medidas extremadamente duras contra las minorías de origen amerindio y los fieles de religiones indígenas tradicionales. Procesada por sedición y por haber provocado la muerte de una veintena de opositores, la “activista por la causa de las mujeres” fue finalmente detenida y encarcelada…
La retórica “progresista” ha permeado aún más el discurso atlantista desde el verano de 2021, con el fin de la intervención de la OTAN bajo mando estadounidense en Afganistán. Hacía tiempo que los medios de comunicación de todo el mundo se desentendían de esa guerra iniciada en 2001. Pero con la caída de Kabul y el regreso al poder de los talibanes, las “mujeres y niñas afganas” repentinamente han vuelto a formar parte de las preocupaciones occidentales; el tema ya estuvo en la agenda mediática hace veinte años para justificar la intervención militar ante los países europeos (8). Siempre prestos a hablar de los problemas afganos a través del prisma de las cuestiones sociales y los temas de actualidad específicos de Norteamérica, los periodistas occidentales también quisieron ver en la eliminación por parte de los talibanes de un mural que representaba a George Floyd (asesinado por un policía estadounidense en Minneapolis en mayo de 2020) un símbolo del retroceso de las libertades provocado por la retirada de las tropas estadounidenses (9). La focalización en esos temas sociales permite presentar la toma del poder por parte de los talibanes como una tragedia que los occidentales deberían haber evitado en lugar de como la conclusión lógica de la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.
La distorsión de las causas progresistas en beneficio de la hegemonía estadounidense se basa en conexiones, que datan de antiguo, entre el mundo de la investigación, los contratistas del ejército y las agencias gubernamentales. En la versión inicial de su famoso discurso sobre los peligros del complejo militar-industrial, pronunciado en enero de 1961, el presidente Dwight Eisenhower ya afirmaba que la universidad era la fuerza motriz de esa relación oligárquica (10). También reconocía, con presciencia, que las ideas en boga en los campus proporcionarían fáciles excusas para legitimar la ideología globalizadora y futuros proyectos imperiales en aras de la “liberación”. El nuevo consenso entre los investigadores y el Gobierno pretende promover una teoría política basada en una moral universal que sacrifique los particularismos y la soberanía y favorezca la homogeneización cultural del planeta mediante el empleo tanto del soft power como del hard power.
A medida que gana prestigio en los círculos políticos y diplomáticos, la retórica imperialista progresista se fusiona cada vez más con la imagen internacional de Estados Unidos y su papel como gran potencia. Los sectores ganados a una visión convencional del intervencionismo, heredada de la Guerra Fría, han entendido perfectamente la conveniencia de utilizar con fines estratégicos luchas aparentemente motivadas por la justicia social, ignorando los contextos culturales e históricos que pueden ayudar a comprender otra visión de la cuestión de las minorías: naciones que viven de acuerdo a normas que nos parecen inaceptables pueden ser fácilmente tachadas de “problemáticas” e “intolerantes”, justificando sanciones u operaciones militares.
Esto se observó, por ejemplo, en el discurso pronunciado en marzo de 2021 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la representante de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield (11). Al referirse en un contexto de política exterior al “Proyecto 1619” del periódico The New York Times –que insiste en la integración de las consecuencias de la esclavitud en la narrativa nacional–, Thomas-Greenfield tendía a universalizar la experiencia estadounidense y a extraer de ella una posición moralista absoluta con la que interpretar los fenómenos mundiales. Esta forma de estigmatizar a los Estados rivales en base a normas culturales definidas en Occidente también se impuso durante las acaloradas conversaciones sino-estadounidenses celebradas en Alaska en marzo de 2021, durante las que Washington y Pekín se acusaron mutuamente de hipocresía en materia de derechos humanos. Más tarde, en septiembre de ese mismo año, la Administración de Joseph Biden promulgó un decreto que imponía sanciones a cualquier persona implicada en las atrocidades cometidas en Tigré, una región del norte de Etiopía sumida en la guerra civil. El texto mencionaba explícitamente la naturaleza étnica de la violencia y su impacto específico sobre las mujeres para justificar la injerencia estadounidense. La lista no termina ahí: el pasado febrero, la OTAN organizó un “Debate de fondo sobre cuestiones de género y amenazas híbridas” (12); al mes siguiente, Estados Unidos decidió anular las conversaciones previstas con los talibanes sobre los bienes confiscados, aduciendo que el Gobierno de Kabul había anunciado que no reabriría las escuelas para niñas.
Si esta política continúa, probablemente terminará alumbrando un nuevo método para deslegitimar a determinados Estados a ojos de los pueblos occidentales, que comparten costumbres socioculturales similares. Ese viraje ideológico supone también un alineamiento con el tempo mediático, lo que puede dificultar un examen sereno de la validez estratégica de las políticas adoptadas y de sus beneficios para las poblaciones a las que se pretende asistir. Por otro lado, augura la aparición de una nueva generación de decisores políticos mejor integrada en la opinión mayoritaria, en la de los jóvenes en particular, lo que acercará a los activistas de la sociedad civil a los objetivos del Estado.
Este ha sido el caso desde el estallido de la guerra ruso-ucraniana en febrero de 2022. Algunos comentarios han enfatizado el hecho de que, si bien Ucrania realmente no puede presumir de su política hacia las minorías LGBTI, Rusia es aún peor. Ciertamente, esto significa poner el listón muy bajo, pero muestra claramente que segmentos de la prensa inclinados al intervencionismo echan mano de la cuestión LGBTI por su utilidad en términos de soft power (13). Ya existe un mercado mediático para esa clase de análisis. En mayo de 2022, The Atlantic, una publicación generalmente prointervencionista, defendía una “descolonización” de Rusia. La historia multiétnica de este Estado se comparaba con el colonialismo de la época victoriana, lo que justificaba su desmantelamiento a través de una operación de cambio de régimen (14)…
El imperialismo liberal tiene un claro interés en presentar la política exterior estadounidense como progresista y en etiquetar a las naciones hostiles como intolerantes y reaccionarias. Este uso selectivo de las causas progresistas abre la puerta de par en par a las intervenciones en una larga lista de áreas problemáticas del Sur, al tiempo que sustenta una narrativa nacional que presenta esas operaciones como beneficiosas y moralmente legítimas. Después es fácil afirmar que los rivales extranjeros que critican esas políticas están “en el lado equivocado de la historia”, que son “enemigos del progreso” y “malvados”, palabras de moda en el Pentágono y el Departamento de Estado. En los próximos años, es muy probable que Washington insista en todos esos valores en sus relaciones con Estados que busca debilitar y en las regiones donde quiere expandir su presencia militar. Al mismo tiempo, esos mismos valores serán sin duda sistemáticamente minimizados cuando se trate de naciones amigas, como Arabia Saudí, exponiendo a los estadounidenses y a sus aliados a acusaciones de hipocresía que debilitarán aún más sus pretensiones de virtud moral.
El imperialismo de la virtud pretende la sumisión cultural
Desde que al comienzo de la Guerra Fría la Central Intelligence Agency (CIA) apoyó financieramente a artistas para promover los valores liberales asociados al excepcionalismo estadounidense (15), la clase dirigente sabe utilizar a la perfección las corrientes culturales dominantes en Occidente para defender su visión de la política exterior y sus intereses de seguridad haciéndolos pasar por el “interés nacional”. En la práctica, las instituciones estatales manejan la zanahoria de las subvenciones, los ascensos y la formación profesional para favorecer la aparición de un pensamiento de grupo sistémico dentro de la burocracia, alentar el internacionalismo liberal y fabricar consenso en torno al mantenimiento de la supremacía estadounidense en el mundo. En cuanto a las redes de captación y promoción de las élites, su papel es crucial tanto para reforzar el prestigio de las instituciones como para mantener una cultura del consenso estratégica, que luego es perfeccionada y difundida por un ejército de activistas de gran visibilidad expertos en el manejo de los medios de comunicación.
Conceptualizar las políticas (incluida la política exterior) bajo el prisma de la justicia social se ha convertido en un acto reflejo para la clase titulada, que ocupa la mayor parte de los puestos de gestión intermedia en agencias gubernamentales, empresas mediáticas y compañías privadas. No obstante, al igual que los bancos de inversión o los fabricantes de armas no renuncian a sus beneficios cuando enarbolan los símbolos LGBTI o Black Lives Matter (con fines básicamente promocionales), la CIA y el Departamento de Estado pueden exhibir públicamente su compromiso con las causas progresistas más en boga sin renegar de sus ambiciones imperialistas. Y lo que es más: el proceso de profesionalización le permite al personal actual y futuro retomar por su cuenta esa exhibición virtuosa y difundirla. Para aquellos que aspiran a un trabajo o ascenso, es una de las maneras de señalar su identificación con los objetivos de esas instituciones. Pierre Bourdieu llamaba a eso el “capital cultural”, que definía como la “familiaridad con la cultura legítima de una sociedad”. Este se traduce en todo un conjunto de conocimientos, habilidades, costumbres y cualificaciones que subrayan la pertenencia a la clase dominante.
Por el contrario, aquellos que preferirían ver a Estados Unidos emprender una política exterior más realista y prudente solo pueden constatar que el nuevo ethos de justicia social cumple más o menos la función que en el pasado tuvieron la promoción de la democracia o la R2P: legitima todas las acciones militares o diplomáticas emprendidas en su nombre y al mismo tiempo desautoriza las posibles críticas. Sin embargo, el nuevo imperialismo de la virtud quizá es todavía más desestabilizador porque, más allá de la reestructuración política de los países en su punto de mira, trata de obtener su sumisión cultural total, un proceso que, con el tiempo, podría radicalizar aún más a los países del Sur, no solo contra Estados Unidos, sino contra el liberalismo y el progresismo como tal. Ya estamos viendo a naciones con pocos intereses en común, aparte de su hostilidad hacia el intervencionismo estadounidense, coaligarse contra la hegemonía del imperialismo liberal en nombre de su soberanía estatal y civilizatoria (16).
Desde un punto de vista histórico, estos desarrollos no son nuevos ni exclusivos de Estados Unidos. En los siglos XVII y XVIII, el Imperio británico alentó el comercio mundial de esclavos por razones tanto financieras como coloniales, antes de que la causa antiesclavista llevara –a consecuencia de los avances de la industrialización durante la era victoriana– a redefinir la expansión imperialista en términos de deber moral (la “misión civilizadora”, la “carga del hombre blanco”). El imperialismo liberal bajo el liderazgo de Estados Unidos parece funcionar con una lógica similar: las acciones humanitarias a menudo tienen lugar en regiones donde ya se han producido intervenciones occidentales, y crean las condiciones de futuras intervenciones, generando una espiral de conflictos enquistados. Los casus belli motivados por consideraciones de justicia social tienen una evidente utilidad para quienes abrigan deseos expansionistas. En ese sentido, el precedente análisis puede leerse como una advertencia a los activistas progresistas: el complejo militar-industrial es perfectamente capaz de asimilar vuestro lenguaje y de ponerlo al servicio de sus objetivos. Podemos apostar a que si esa pantalla ideológica que hoy permite justificar políticas exteriores agresivas e intervenciones militares en suelo extranjero deja de considerarse funcional, será rápidamente reemplazada por una nueva retórica. Y el ciclo volverá a empezar.
ultramarina 
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